Refugiados colombianos luchan por rehacer sus vidas en Ecuador

Un informe de ENS sobre el Día Mundial del Refugiado
June 19, 2011

El invierno pasado, y luego de haber estado separado de ellos durante ocho meses, Antonio abordó un avión con su esposa y sus tres hijos en Cali, Colombia, para volar a Quito, Ecuador, donde solicitaron asilo del gobierno ecuatoriano.

Fue el último acto de una saga de 10 años que incluía un atentado contra la vida de Antonio, cuatro desplazamientos internos dentro de las fronteras de Colombia y la pérdida de todos los bienes materiales y de todo lo que les resultaba conocido. La familia llegó al Distrito Metropolitano de Quito para [instalarse en] un "albergue" perteneciente a la Diócesis Central, de [la Iglesia Episcopal] de Ecuador.

El conflicto armado de Colombia que ya dura por medio siglo —que se ha caracterizado por desplazamientos, violencia y tráfico de personas y de drogas— ha obligado a más de 116.000 refugiados a cruzar la frontera con Ecuador. Se cuentan entre los más de 15 millones de refugiados en todo el mundo cuya apremiante situación se destaca cada 20 de junio, fecha en que se conmemora anualmente el Día Mundial del Refugiado desde 2001.

En mayo, ENS visitó Ecuador y escuchó los historias de refugiados colombianos que viven allí. Sus relatos reflejan la violencia y la pérdida de hogares, modos de subsistencia, familias y vidas que han caracterizado la prolongada guerra de ese país sudamericano. Para proteger a los refugiados de ulteriores peligros y persecuciones, aparecen aquí bajo otros nombres.

Un martes de mayo, Ricardo, su esposa y sus tres hijos se encontraban aguardando a la puerta de la Iglesia Cristiana Menonita, en el barrio La Inca, de Quito, donde tiene su sede el Proyecto de Refugiados Colombianos, un ministerio compartido de la Diócesis Episcopal de Ecuador Central y la Iglesia Menonita de Quito, que se ocupa de las necesidades a largo plazo de los refugiados.

Patricia Morck, misionera nombrada por la Iglesia Episcopal que coordina el proyecto, les abrió la puerta y los invitó a pasar. Una vez dentro, extrajo su computadora portátil y se dispuso a escucharles su historia.

Paramilitares que traficaban con narcóticos forzaron a Ricardo, que es de la región de Antioquia en Colombia, a irse al Ecuador, luego de insistir en que él tenía información sobre las rutas de la droga —querían que trabajara para ellos. Un par de semanas después, el Comité Internacional de la Cruz Roja le proporcionó un transporte seguro a su esposa e hijo, explicó él, mientras Morck traducía del español al inglés.

Los hijos de la pareja  —dos niñas y un varón— se entretenían con unos juguetes en el salón , mientras sus padres describían su situación. La madre luchaba por contener las lágrimas.

Por una parte, la familia es afortunada. Su petición de estatus de refugiados les fue concedida en menos de tres meses, y Ricardo encontró trabajo como mecánico de motocicletas ganando 150 dólares semanales en un país donde 220 dólares es el salario mínimo mensual, y tanto los refugiados como los ecuatorianos luchan por encontrar trabajo. Por la otra, los paramilitares han seguido acosando a la madre de Ricardo en Colombia para obtener información acerca de él; al sobrino de su esposa lo secuestraron y los paramilitares siguieron a la familia al Ecuador, haciendo que Ricardo y los suyos teman por sus vidas.

"Éste es un caso extremo", dijo Morck. "Los niños no salen del apartamento. Ellos [los padres] creen que lo único que pueden hacer es regresar a Colombia. Tienen familia en Colombia; si vuelven y los matan, saben que hay quienes se ocupen de sus hijos".

La pareja dijo que ellos se daban por muertos antes de que su caso se resolviera.

Morck iba tomando nota en su computadora de las amenazas contra Ricardo y su familia para presentárselas a la oficina del defensor del pueblo. Y ella le envió un correo electrónico al director de protección y seguridad de la familia en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR), un paso que ella rara vez da. El ACNUR ayudará a que los refugiados se reasienten en otro país si su situación es peligrosa o si el país anfitrión no puede atender a sus necesidades.

Además del total de más de 400.000 refugiados colombianos y solicitantes de asilo (incluidos los que se encuentran en Ecuador), el conflicto, que libran fuerzas gubernamentales, paramilitares de derecha y guerrillas izquierdistas, ha desplazado internamente más de 3 millones de personas, más que la suma de los desplazados en Sudán e Irak, según el ACNUR, el organismo de la ONU que dirige y coordina la acción internacional para proteger a los refugiados y resolver sus problemas a nivel mundial.

Tal como confirma la historia de Antonio y su familia, una frontera internacional no frena el terror y la persecución de que son víctimas los refugiados colombianos que ingresan en Ecuador. Al igual que la familia de Ricardo, la situación de la familia de Antonio es un caso extremo. Luego de oír el relato de la familia, Morck los remitió a la Rda. Gladys Elisa Vásquez, vicaria de Misión Reconciliación, una iglesia episcopal en la sección Chimbacalle de Quito, que les brinda el uso de "albergues".

Antes de salir de Colombia, Antonio, su mujer Carmen y los niños —dos muchachas de 14 y 16 años y un varoncito de 2 y medio años— trataron de obtener visas para ir a Canadá y a Estados Unidos, pero las solicitudes les fueron denegadas.

En Colombia, Antonio dirigía su propia distribuidora de productos de papel y le fue asignado un territorio en la llamada "zona roja" o territorio controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la organización guerrillera izquierdista a la que comúnmente se le llama las FARC. Su posición y las de otros que intentaban ganarse la vida en la región, era la de dedicarse a su negocio, dijo él. Pero él se encontró en el "lado equivocado" de los paramilitares luego de venderle útiles escolares a un activista comunitario en Valle del Cauca que se los dio a los niños de la escuela pública. Al activista lo mataron en 2002, según un artículo de periódico que Antonio conservaba. (Los activistas comunitarios, así como los maestros y líderes sindicales han sido tachados de "subversivos" y asesinados en gran número en Colombia, según ha documentado Amnistía Internacional).

"Nunca había imaginado que una relación como ésa conduciría a esto", dijo Antonio, "pero cuando se trata de los militares, los paramilitares y las FARC, si uno no tiene problemas con uno de ellos, lo tiene con el otro".

Los paramilitares una vez intentaron asesinar a Antonio. En diciembre, a un sobrino suyo le dijeron que lo matarían si no revelaba el paradero de la familia. Ésta no se mantiene en contacto con sus parientes en Colombia porque no quiere poner en peligro sus vidas. Dejaron detrás una furgoneta para venderla, y al joven que la compró lo asesinaron, contó la familia.

Cuando la familia llegó a Ecuador, dijo Antonio, sentía "que le habían quitado un peso de encima". Pero, según Carmen, temen que la gente que andaba en su busca lleguen a encontrarlos. "La frontera está tan abierta que cualquier puede venir aquí".

Por el bien de sus hijos y por su propia salud mental, dijo Antonio, él debe seguir trabajando. Mientras espera por su visa, la cual se necesita para conseguir un trabajo autorizado, Antonio vende bolsas de papitas en transitadas intersecciones de Quito con dinero que Vásquez le prestó para que comprara existencias.

No es raro ver caras de personas que él conocía de Colombia. Un día, recordaba una de sus hijas, ella estaba vendiendo papitas con su padre cuando él vio a alguien a quien reconoció. "Se puso completamente pálido, y nos fuimos de allí".

Necesidades de reasentamiento y realidad sobre el terreno
Estados Unidos, que reasienta más refugiados que cualquier otro país, comenzó a reasentar refugiados colombianos remitidos por el ACNUR en 2002, pero ofrece más recursos económicos que oportunidades de reasentamiento. Sólo cincuenta y dos de los 74.654 refugiados reasentados en Estados Unidos en 2009 eran colombianos, según el Informe Presidencial al Congreso para 2011; in 2010 el número ascendió a 123. Los refugiados de Irak y Birmania ascendieron respectivamente a 18.838 y 18.202 en 2009.

Desde 2000, conforme al llamado "Plan Colombia", Estados Unidos le ha dado al gobierno colombiano más de 8.000 millones de dólares en ayuda militar y económica, y parte de esa ayuda se ha dedicado a la protección de los intereses de corporaciones multinacionales.

Desde los años ochenta, la competencia y las disputas por la tierra dedicada a la agricultura, la ganadería, la extracción de recursos naturales y el cultivo de coca han figurado de manera notoria en el conflicto de Colombia en tanto las agrupaciones armadas han luchado por el control del territorio.

A fines de mayo, el gobierno colombiano aprobó una ley al objeto de devolver casi 7 millones de hectáreas de tierras malversadas a sus legítimos dueños. Los paramilitares, las guerrillas y los narcotraficantes se habían valido de la violencia y del fraude para ocupar esas tierras.

El gobierno también dijo que había identificado los restos de unas 10.000 personas que habían "desparecido" como resultado de la violencia entre las guerrillas izquierdistas, los paramilitares derechistas, las fuerzas del gobierno y la seguridad y las bandas del narcotráfico, que han recurrido al secuestro como táctica de guerra. El gobierno añadió que se ocupa actualmente de la identificación de otras 10.000 personas "desaparecidas".

"Esta crisis ocurre realmente en nuestro traspatio", dijo en una entrevista telefónica Ana White, analista de política de inmigración y refugiados de la Iglesia Episcopal, con sede en Washington, D.C. "En noviembre visité Lago Agrio, un pueblo petrolero de la frontera donde abundan el dinero y las actividades ilícitas. Había 85 burdeles registrados. Hay enorme cantidad de prostitución, tráfico, secuestros. Las cosas que oímos… los niveles de violencia y tortura. Las personas viven con miedo, están completamente desprotegidas y privadas de derechos".

White participó el otoño pasado en una Misión a Panamá y Ecuador del Consejo de Refugiados de Estados Unidos que presentó un informe "Vivir al límite". El informe sugiere que Estados Unidos aumente la ayuda al Ecuador en respuesta a los esfuerzos de [este país] de expandir la protección a los refugiados, sostener los programas de protección y los programas para combatir la xenofobia y expandir la protección para los sobrevivientes de violencia sexual y de género.
 
Buscar ayuda de la Iglesia
Morck atiende a clientes en su oficina durante tres horas todos los martes por la mañana, además de hacer visitas in situ en el resto de la semana. El día en que vino la familia de Ricardo, ella atendió al menos otros ocho casos, remitiendo nuevos casos a la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por su sigla en inglés), aliada del ACNUR en la atención inmediata de necesidades básicas y humanitarias. Ella también atiende a clientes regulares que vienen en busca de ayuda o raciones de comida y a otros que acuden tan sólo para hablar. (la HIAS proporciona a los refugiados asistencia alimentaria durante tres meses. Después de eso, el proyecto ofrece ayuda por seis meses más).

Entre los clientes de ese día se incluían Juan Carlos, cuya esposa lo abandonó hace cinco años para incorporarse a las FARC. Él habló con Morck acerca de sus hijas, de 9 y 7 años, y de su temor de que ellas estén madurando demasiado aprisa. Se marchó con 20 dólares que Morck le dio para contribuir al alquiler de su vivienda.

Después de Juan Carlos vino una madre soltera con cinco hijos, luego un joven que buscaba alimento y trabajo. Después, Amelia, Claudia y la hija embarazada de Claudia de 19 años llegaron para recoger su ración mensual de comida, que incluye algunos alimentos básicos como arroz, frijoles, harina de trigo, fideos, quinuas y leche en polvo para familias con niños.

Oficialmente, el gobierno dispone de tres meses para evaluar una solicitud de visa de refugiado, pero en la realidad toma de seis a nueve meses, dice Morck. Con una tarjeta de residente, que reciben cuando procesan su petición, los solicitantes de asilo pueden tener acceso a atención médica y escuelas, pero la visa, que incluye un número de seguro social, es necesaria para trabajar, explica ella.

Un tercio de los 13,7 millones de ecuatorianos vive en la pobreza, lo cual hace que encontrar trabajo resulte difícil para ambas poblaciones y dé lugar a resentimiento y discriminación contra los refugiados.

En enero, la HIAS suspendió temporalmente sus operaciones para reestructurar su programa. En marzo, Ayuda y Desarrollo Episcopales otorgó 7.500 dólares al Proyecto Refugiados de Colombia para artículos de primera necesidad, como sacos de dormir y mantas, artículos que la HIAS suele proporcionar a los refugiados recién llegados. El Comité Central Menonita en Colombia proporcionó dinero para alimento. Desde marzo, el número de nuevas familias que buscan ayuda del proyecto ha aumentado de dos a ocho al mes, enteradas, en su mayoría, por comentarios que pasan de boca en boca, dijo Morck.

Pese a sus propios problemas económicos, Ecuador mantiene la frontera abierta y no ha restringido el número de solicitantes de asilo que permite entrar en el país. Además de más de 116.000 refugiados, se calcula que viven en Ecuador otros 250.000 colombianos —personas a quienes se les ha denegado un estatus legal o que no han solicitado protección—, según el informe del Consejo de Refugiados de Estados Unidos.

Patricia Rosero ha trabajado en la frontera durante 11 años, los últimos dos como jefa de una unidad de campo del ACNUR en Tulcán, una ciudad fronteriza de 60.000 habitantes de la provincia de Carachi en el noroeste del Ecuador, donde viven unos 5.000 refugiados. Durante ese tiempo, ella ha sido testigo de un aumento del número de solicitantes de asilo que cruzan la frontera y un aumento de la disposición del gobierno ecuatoriano de responder a sus necesidades.

"Es importante enfatizar que Ecuador es un país pobre y que acepta más refugiados que cualquier otro país de América Latina", dijo Rosero.

El ACNUR registra a los solicitantes de asilo en la frontera, los orienta a través de los procesos para obtener un estatus de refugiado y los remite a los organismos asistenciales públicos y privados. Cada día, dijo Rosero, el ACNUR registra, como promedio, cinco casos nuevos, que pueden ser individuos o familias.

"Los casos se hacen más complejos debido al contexto", apuntó ella. "No existe solamente un factor militar".

Los paramilitares y las FARC han penetrado las provincias fronterizas de Ecuador, así como el interior del país, donde han aterrorizado a las poblaciones locales y a los refugiados al tiempo que trafican con drogas, armas y personas, según el informe del Consejo de Refugiados de Estados Unidos.

El influjo de colombianos que [ingresa en Ecuador] en busca de asilo ha dado lugar a tensiones, y a veces a violencia física, entre colombianos y ecuatorianos.

El albergue, dijo Rosero, es la necesidad más inmediata para los que cruzan la frontera en busca de asilo, y eso es una de las cosas que llevó al ACNUR a conversar con la Iglesia Episcopal.

"Aquí en Tulcán no hay albergues para recibir a las personas cuando cruzan la frontera", añadió Rosero. "la HIAS tiene convenios con hoteles y restaurantes".

Los refugiados solían quedarse en hoteles modestos, donde a las familias podían darles una manta, y comían en restaurantes, donde sus acentos enseguida los identificaba como colombianos. La inmediata identificación como "el otro" puede agravar una situación ya tensa, dijo Alexander Vaca Tapia, un líder laico que trabaja en la estación misionera que la Diócesis de Ecuador Central tiene en Tulcán.

"Hay muchas confrontaciones. Existe un movimiento para hacer que  [ecuatorianos y colombianos] vivan juntos, pero hay rivalidades", afirma él. "Hay muchos celos de parte de los ecuatorianos por la ayuda que reciben los colombianos. Otra fuente de confrontación es que, con el aumento de los colombianos, ha aumentado la delincuencia, pero no todos los colombianos que vienen aquí son delincuentes. Muchos colombianos tienen méritos, son trabajadores y quieren dejar atrás sus problemas, pero la gente no lo reconoce".

En enero, la diócesis solicitó una donación de 32.000 dólares de la Ofrenda Unida de Gracias para comprar un terreno de casi media hectárea en las afueras de Tulcán, donde se propone construir un albergue para los que buscan asilo.

Además de registrar a los que solicitan asilo, el ACNUR colabora con los gobiernos locales para establecer proyectos de integración y con pequeños municipios fronterizos para ofrecer servicios que beneficien a ambas poblaciones y estimulen la integración. La estación misionera se ha aliado con el ACNUR en los empeños de integración y en eventos centrados en los días festivos al objeto de integrar a la gente.

Ana María, mujer de 31 años y madre de dos niños que huyó hace dos años de la región colombiana de Putumayo luego de que unos hombres armados robaran y mataran a su marido, lo definió de esta manera: "Los ecuatorianos son amistosos, pero no tienen mucha confianza en los colombianos. Muchos refugiados vienen porque necesitan paz para sus vidas. Yo no puedo vivir con el miedo de que alguien se lleve a mis hijos y los ponga a pelear".

Vaca Tapia se empeña también en intimar con la comunidad refugiada, pero dijo que eso toma tiempo.

"Con las familias refugiadas, el trabajo es lento… siempre creen que las están siguiendo", dijo, añadiendo que ellas "se retraen" si uno se acerca con demasiada rapidez.

Vaca Tapia ha establecido una buena relación con Ana María. En dos años, Ana María no ha recibido un estatus legal de refugiada y podría ser deportada en cualquier momento. [Uno de] sus hijos nació en Ecuador, y con la colaboración de Morck, Vaca Tapia está ayudándola en el proceso de obtención de una visa de protección.

Uno de los vecinos de Vaca Tapia los presentó. Él ayudó a Ana María con alimento y a conseguirle una guardería infantil a su hijo de cinco años, para que ella pudiera pagar el alquiler de su apartamento de 100 dólares mensuales. Ella se gana la vida lavando ropa.

Lo que más desea Ana María es que le reconozcan su estatus de refugiada.

"Si no tienes documentos, la gente piensa que eres narcotraficante o prostituta", dijo ella. "Los documentos te legitiman".

Una de las cosas más arduas para un refugiado, dijo David Shenk, un voluntario menonita que trabaja con Morck en el Proyecto de Refugiados Colombianos, es perder todo y tener que pedir ayuda para comenzar de nuevo.

Luisa, de 34 años, tenía una casa, un auto y un trabajo de oficina en Colombia antes de que su familia se viera obligada a irse. Ella también se esforzó para obtener el estatus de refugiada, que el gobierno ecuatoriano le concedió al cabo de dos años y medio. Su madre y un hermano fueron reasentados en el extranjero. Ella está casada con un ecuatoriano, pero la familia de su marido no la acepta, y ha sido objeto de ataques en la calle, frente a su casa. Su hija de 10 años tiene problemas de salud y  lucha por ajustarse a su nueva vida.

La esperanza de Luisa, dijo ella, es "que pueda encontrar la paz y reunirme con mi madre".

Ella teme, según tradujo Morck, que su madre muera donde la han reasentado en Canadá y que ella nunca más la vuelva a ver. Antes de irse de Colombia, la madre de Luisa era dueña de una fábrica de ropa de niños.

En Ecuador, Luisa está tomando cursos universitarios de diseño gráfico. Ella y su marido esperan abrir su propia tienda de artículos de oficina. Ella también se ha matriculado en un curso de educación teológica que ofrece la diócesis. Luisa, que era católica romana, está considerando un llamado al ministerio ordenado en la Iglesia Episcopal.

"He vivido en medio de la violencia, y la entiendo", dijo. "Siento que puedo ayudar a otras personas que también hayan vivido en medio de la violencia".

-- Lynette Wilson es editora y reportera de ENS. En mayo, pasó una semana en Ecuador entrevistando a refugiados para escribir este reportaje. Patricia Morck tradujo al inglés las entrevistas para el original.