Defensores de derechos humanos y obispos anglicanos y episcopales se reúnen en conferencia

December 2, 2015



Obispos anglicanos y episcopales de toda Centroamérica junto con representantes de defensores del pueblo, asistieron a una conferencia de dos día en San Salvador, El Salvador, sobre la migración forzada, el desplazamiento interno, la trata de personas y la esclavitud moderna. Foto de Lynette Wilson/ENS.

Obispos anglicanos y episcopales de toda Centroamérica junto con representantes de defensores del pueblo, asistieron a una conferencia de dos día en San Salvador, El Salvador, sobre la migración forzada, el desplazamiento interno, la trata de personas y la esclavitud moderna. Foto de Lynette Wilson/ENS.

[Episcopal News Service – San Salvador, El Salvador] Mientras los refugiados sirios siguen arriesgándose a morir al emprender un peligroso viaje a Europa en busca de una vida mejor, [numerosos] centroamericanos desplazados huyen también, dirigiéndose tanto al norte como al sur en busca de seguridad.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió el mes pasado de la “inminente crisis de refugiados” proveniente de América Central.

La migración forzada y el desplazamiento interno que tienen lugar actualmente en la región fueron dos temas discutidos del 23 al 24 de noviembre en San Salvador durante la conferencia  sobre migración forzada, trata de personas y nuevas formas de esclavitud en Centroamérica. Representantes y defensores públicos de las oficinas de derechos humanos y de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como obispos anglicanos y episcopales, de la región asistieron a la conferencia. Durante la conferencia, los obispos también dieron el primer paso en la creación de una comisión anglicana regional sobre derechos humanos.

David Alvarado, obispo de El Salvador, dirigió una oración durante un seminario en la Red [webinar]  coordinado por la Alianza Anglicana, la cual coauspició, junto con el Comité de Servicio de Amigos Americanos, la conferencia de dos días sobre migración forzada, desplazamiento interno, trata de personas  y esclavitud moderna. Foto de Lynette Wilson/ENS.

David Alvarado, obispo de El Salvador, dirigió una oración durante un seminario en la Red [webinar]  coordinado por la Alianza Anglicana, la cual coauspició, junto con el Comité de Servicio de Amigos Americanos, la conferencia de dos días sobre migración forzada, desplazamiento interno, trata de personas  y esclavitud moderna. Foto de Lynette Wilson/ENS.

La Alianza Anglicana y el Comité de Servicio de Amigos Americanos auspiciaron la conferencia de dos días que tuvo lugar en el Hotel InterContinental [de esta ciudad] y que fue organizada por la Fundación Cristosal, una organización que surge de las iglesias Anglicana y Episcopal y se dedica a defender y abogar a favor de los derechos humanos.

“La conferencia fue algo que Cristosal propuso debido a la labor que hacemos sobre el desplazamiento forzado”, dijo Noah Bullock, su director ejecutivo, añadiendo que el desplazamiento forzado no es un problema exclusivo de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador.

La Fundación Cristosal ha trabajado por establecer precedentes legales para la protección de las víctimas desplazadas por la violencia en El Salvador, ofrece albergue y protección a las víctimas y se empeña en crear la capacidad de reasentamiento regional.

Además de los que buscan asilo en Estados Unidos, en los últimos dos años las solicitudes de asilo presentadas principalmente por salvadoreños y hondureños en Nicaragua, Costa Rica y Panamá han aumentado en un 1.200 por ciento.

“Y la tendencia probablemente seguirá incrementándose”, dijo él, añadiendo que reunir a los obispos junto con los defensores de los derechos humanos presentaba la oportunidad de compartir experiencias y crear alianzas orientadas a influir en la opinión pública y a responder a necesidades humanitarias emergentes.

“La región no está preparada para recibir un influjo de refugiados. El liderazgo debe ser puesto al tanto del problema y Cristosal está bien posicionado para trabajar con el consejo de defensores del pueblo y algunos otros mecanismos de la región para abrir la puerta a fin de que la Iglesia llene ese vacío de liderazgo”.

Como anglicanos y episcopales, “estamos obligados a luchar por la justicia y la paz en todas las comunidades y respetar la dignidad de todo ser humano”, dijo el obispo de Honduras Lloyd Allen, que durante la reunión ya había iniciado un diálogo para comenzar a abordar el tema con su diócesis. “No podemos cerrar nuestros ojos ante el abuso”.

Las iglesias episcopales y anglicanas están presente en los tres países del Triángulo Norte: la Diócesis de Honduras pertenece a la IX Provincia de la Iglesia Episcopal, y las diócesis de Guatemala y El Salvador pertenecen a la Iglesia Anglicana de la Región Central de América, conocida por su sigla en español, IARCA.

La crisis en Centroamérica captó brevemente la atención del mundo en el verano de 2014, cuando menores no acompañados y mujeres que viajaban con niños se entregaron en cifras récords a las autoridades estadounidenses en la frontera de EE.UU. con México. Las iglesias episcopales respondieron de inmediato a la crisis, y más recientemente la Convención General aprobó una resolución en apoyo de los derechos de los refugiados y reconociendo la violencia continua contra los ciudadanos y el desplazamiento de estos en Centroamérica.

Según estudios, las comunidades vulnerables a través de la región sufren bajas debido a la violencia en un nivel a la par de los conflictos que asuelan otras partes del mundo. En los primeros siete meses de este año, más de 4,000 salvadoreños fueron asesinados, y en un solo día de agosto, 52 personas resultaron muertas en Honduras. La cifra en los primeros seis meses se calculó en 2,720 y en Guatemala, el mayor de los países del Triángulo Norte, 4,261 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre.

“El Salvador y Honduras compiten con Siria en lo que respecta a tasa de muertes”, dijo Bullock, quien recalcó la falta de soluciones duraderas. “En verdad no hay opciones para (estas) personas que huyen de uno de los conflictos más violentos y mortíferos del mundo”.

Sólo en El Salvador se calcula que 289.000 personas han sido internamente desplazadas, mientras en Honduras, un cálculo conservador pone el número en 170,000. En Guatemala, la cifra se acerca a 250.000 personas.

De los tres países del Triángulo Norte, sólo Honduras ha reconocido la existencia de desplazamiento forzoso, creando una comisión nacional para estudiar y documentar los casos.

“No puede ignorarse el desplazamiento como una forma de violencia”, dijo Ricardo López, que trabaja en la oficina del defensor del pueblo en Honduras. “Si las personas han recibido amenazas , (las amenazas) se llevarán a cabo… nuestras calles están llenas de sangre”.

Además de los obispos y los defensores del pueblo, los representantes del UNHCR, la Organización Internacional para la Migración y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se fue de El Salvador luego del fin de la guerra civil, pero que regresó en los últimos años, estuvieron presentes en la conferencia.

El año pasado se cumplió el 30º. Aniversario de la Declaración de Cartagena, que enmendó la convención de los Refugiados y la definición protocolar de 1967 respecto a lo significa ser un refugiado: “personas que han huido de su país porque sus vidas, su seguridad o su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público”.

Los países de Centroamérica y México adoptaron el protocolo, que no ha sido reconocido por Estados Unidos, en un momento cuando tanto Guatemala como El Salvador estaban librando guerras civiles y cuando los rebeldes contras combatían al gobierno sandinista de Nicaragua.

En diciembre de 2014, la América Latina adoptó la Declaración de Brasil para abordar las nuevas tendencias al desplazamiento de la región. La declaración aspira a ponerle fin a la condición de apátrida para 2014, a partir de iniciativas anteriores tendientes a fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina.

“Los problemas no son sólo el problema de un país; sino que se comparten regionalmente”, dijo Armando Guerra, obispo de Guatemala. “Ello necesita la atención de todos nosotros”.

De algunas formas, los elevados niveles de violencia social en el Triángulo Norte son un legado de las guerras civiles del siglo XX. Más de 200.000 civiles murieron durante la guerra civil de 36 años de Guatemala y 75.000 murieron en El Salvador durante los 12 años de conflicto entre el gobierno dirigido por militares y los grupos guerrilleros de izquierda. Aunque Honduras no tuvo su propia guerra civil, sintió las ramificaciones de los conflictos regionales, y sirvió de base a los contras que combatieron en Nicaragua con respaldo de EE.UU. de 1979 a 1990.

Noah Bullock, director ejecutivo de la Fundación Cristosal reúne a varios obispos, entre los que se incluyen, siguiendo el orden de las manecillas del reloj a partir de él, Armando Guerra, obispo de Guatemala; Julio Murray, obispo de Panamá; Lloyd Allen, obispo de Honduras; Héctor Monterroso, obispo de Costa Rica; Juan David Alvarado, obispo de El Salvador y José López abogado de derechos humanos por la Diócesis de El Salvador. Foto Elmer Romero.

Noah Bullock, director ejecutivo de la Fundación Cristosal reúne a varios obispos, entre los que se incluyen, siguiendo el orden de las manecillas del reloj a partir de él, Armando Guerra, obispo de Guatemala; Julio Murray, obispo de Panamá; Lloyd Allen, obispo de Honduras; Héctor Monterroso, obispo de Costa Rica; Juan David Alvarado, obispo de El Salvador y José López abogado de derechos humanos por la Diócesis de El Salvador. Foto Elmer Romero.

El problema de la migración forzada en el Triángulo Norte es un resultado de la violencia, dijo el obispo de El Salvador David Alvarado, añadiendo que la violencia misma es parte de problemas estructurales mayores que incluyen la pobreza, las oportunidades económicas limitadas, el acceso a la educación, la atención sanitaria y otros problemas sociales.

“Aún nos estamos recuperando de la guerra civil y en la actualidad tenemos problemas con jóvenes y pandillas”, dijo.

En el período de 20 años  que sigue a la firma de los acuerdos de paz, 100.000 salvadoreños han muerto violentamente, más que durante la guerra civil, y actualmente se reporta que unas 70.000 personas son miembros de pandillas. En Honduras, el número de miembros de pandillas se estima que asciende a 116.000 y en Guatemala, el mayor de los tres países, se calcula que unas 14.000 personas pertenecen a pandillas y otras 30.000 se cuentan como simpatizantes de las mismas.

Las pandillas controlan territorio mediante la violencia, incluidos el asesinato, la violación y la extorsión. Los varones jóvenes, en particular, se ven forzados a incorporarse a las pandillas. El rechazo a unirse a una pandilla puede interpretarse como una expresión de lealtad a una pandilla rival, y los no iniciados se convierten en blanco de asesinatos. A las mujeres y las muchachas con frecuencia las toman como “novias” de los pandilleros, y a menudo son víctimas de violación y otras formas de violencia sexual, como las de ser compartidas entre los miembros de las pandillas.

Es en este contexto que las personas huyen; además, una encuesta de mujeres hecha por la UNHCR entre las detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos determinó que de las decenas de miles de mujeres que buscaban protección, un gran porcentaje tenía importantes reclamos de protección conforme a la Convención contra la Tortura.

Sin embargo, antes de que una persona cruce una frontera internacional, es probable que haya sufrido desplazamiento interno, el primero hacia el hogar de otro miembro de la familia.

“Este es un fenómeno que afecta fundamentalmente a las personas pobres que usualmente se mudan de una familia pobre a otra familia pobre que es probable que esté controlada por una pandilla diferente o por la misma”, dijo Bullock. “Su presencia en el territorio es detectada en el transcurso de dos o tres días, y de este modo están obligados a mudarse una y otra vez hasta que los recursos se agotan. Cuando toman la decisión de abandonar el país, se esconden, porque  viajan irregularmente a Estados Unidos o a cualquier otra parte”.

“Lo que las víctimas nos dicen constantemente es que ‘en estas condiciones yo no puedo desarrollarme como un ser humano’. Cuando a usted lo persiguen y su vida está controlada, cuando su vida está amenazada, no llega a desarrollarse, usted no tiene oportunidades y tiene que salir para encontrarlas”.

Bullock ha empezado a fraguar una respuesta para la crisis de los refugiados y el desplazamiento interno como una “opción preferencial por la víctima” y finalmente los obispos llegaron a la conclusión de que el testimonio de la Iglesia es responder a las necesidades del pueblo en sus comunidades y a acoger al extranjero.

En Costa Rica, por ejemplo, donde entre el 15 y el 20 por ciento de la población ha nacido en el extranjero, sobre todo nicaragüenses en busca de oportunidades económicas, la Iglesia brinda ayuda a madres y a sus hijos, 90 por ciento de ellos migrantes, a través de dos escuelas que funcionan en la capital, dijo el obispo de Costa Rica Héctor Monterroso.

Es importante no sólo que la Iglesia responda a la necesidad humana, sino que también labore en pro de crear conciencia en torno a la migración forzosa, dijo el obispo de Panamá Julio Murry. Es por esto que se está formulando, en conexión con las comisiones de derechos humanos de los países,  una comisión regional anglicana sobre derechos humanos.

“El propósito estratégico es que si vamos a formar un organismo anglicano, debemos formarlo con conexiones buenas y fuertes con otros organismos de derechos humanos —y en este caso se encuentran específicamente los defensores del pueblo, que son entidades estatales autónomas”, agregó Bullock.

“Encaja perfectamente porque los defensores del pueblo pueden hacer el trabajo técnico en torno a los derechos humanos”, afirmó. “Y las iglesias, pueden hacer un llamado a las personas, para cambiar a las personas, de manera que esa política no resulte vacua, que se produzca realmente un cambio social que cuente con respaldo y en consecuencia que pueda ser real, y eso es importante.

– Lynette Wilson es redactora y reportera de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri

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