‘Activen’ a los ciudadanos para reclamar derechos humanos y gobiernos que los garanticen, dicen los líderes de Cristosal

October 15, 2018

Noah Bullock, a la derecha, director ejecutivo de Cristosal, se dirige al publico en la Universidad de San Luis, Misurí, sobre el tema de los refugiados y los derechos humanos. Lo escuchan David Morales, al centro, director de litigios estratégicos de Cristosal, y el Rdo. Mike Angell, rector de la iglesia episcopal de la Santa Comunión en University City, Misurí. Foto de Sid Hastings/WUSTI (las fotos se han reimpreso con permiso).

[Episcopal News Service – St. Louis] Un grupo de derechos humanos en El Salvador fundado por clérigos episcopales ha recurrido a los tribunales para obligar al gobierno del país a vivir a la altura de su responsabilidad de proteger a centenares de miles de ciudadanos desplazados internamente por la violencia desenfrenada, delincuencial y de otro tipo.

Y cuando esos refugiados de la violencia vienen a Estados Unidos, este país tiene también una responsabilidad de brindarles un asilo seguro, dijo Noah Bullock, el director ejecutivo de Cristosal, el 8 de octubre en la Universidad de Washington en San Luis, en un simposio sobre una respuesta a la inmigración y a la violencia desde la perspectiva de la fe.

“A ninguna persona puede negársele un lugar en el planeta Tierra donde pueda ser libre de persecución”, dijo Bullock, al hablar en el  Centro sobre Religión y Política John C. Danforth , que lleva el nombre del senador John Danforth, republicano de Misurí y sacerdote episcopal.

Contrario a la opinión popular, dijo Bullock, el típico inmigrante que cruza la frontera sur de Estados Unidos ya no es un mexicano en busca de trabajo, sino alguien proveniente de los países del [llamado]“Triángulo Norte” [de América Central] , El Salvador, Honduras y Guatemala, que huye de la violencia de las pandillas. Cristosal, que tiene oficinas en los tres países, dirige centros de acogida en ellos para la protección de los desplazados. Sin embargo, la solución definitiva no consiste en que agrupaciones  privadas reemplacen al gobierno en ese papel protector, dijo Bullock. Más bien, instituciones como Cristosal logran reformas estructurales a largo plazo “motivando” a las víctimas a reclamar sus derechos, y al estado a cumplir con sus deberes. La Convención de Naciones Unidas sobre los refugiados de 1951, dijo Bullock, enuncia este deber para cualquier país que reciba a personas que huyan de la persecución.

Bullock describió una ejecución exitosa de su estrategia de activación. Cristosal demandó al gobierno de El Salvador en nombre de seis familias obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia de las pandillas, arguyendo que un gobierno indiferente había violado sus derechos constitucionales. En julio, el Tribunal Supremo del país falló a favor de las familias, ordenándole al gobierno que reconociera el problema del desplazamiento forzoso después de haberlo desmentido durante años, que impidiera que sucediera y que ayudara a las víctimas.

David Morales, que dirige el equipo de litigio estratégico de Cristosal, le contó a los 75 asistentes en la Universidad de Washington de otro intento de exigir responsabilidades a los poderosos de El Salvador a través de los tribunales. Cristosal está acusando privadamente a los perpetradores de la masacre de El Mozote, en la cual soldados del gobierno adiestrados por EE.UU. mataron a más de 1.000 civiles —más de la mitad de ellos niños— en 1981. Morales comenzó a investigar la masacre durante el conflicto cuando trabajaba en la oficina de derechos humanos de la arquidiócesis católica de San Salvador, la capital de la nación. (Morales también buscó justicia para el asesinato del arzobispo Oscar Romero en 1980, un defensor de los pobres que  será canonizado como santo católico el 14 de octubre).

El caso de El Mozote se paralizó cuando la guerra civil terminó en 1992 con un acuerdo de amnistía que protegió de enjuiciamiento a los criminales de guerra. Sin embargo, en 2016, el Tribunal Supremo del país anuló la amnistía como inconstitucional. Ese fallo le permitió a Morales retomar [el caso] donde lo había dejado años antes.

Morales dijo que el uso de violencia flagrante contra los civiles durante la guerra ha persistido en el presente en que la policía y el ejército salvadoreño asumen un criterio de “puño de hierro” hacia la violencia pandilleril “sin invertir en políticas para la prevención de delitos”. En el proceso, los jóvenes de quienes meramente se sospecha que pertenecen a pandillas enfrentan prisión, tortura y ejecución extrajudicial, dijo él.

Bullock añadió que es importante enjuiciar crímenes de guerra de hace décadas porque ¨cuando no hay verdad, cuando no hay justicia,  hay una continuación de la norma”.

“Creemos que podemos impugnar la premisa de impunidad, la premisa de que el poderoso puede hacer lo que quiera del débil sin consecuencias”, dijo Bullock acerca del caso judicial. “Es algo que buscamos eliminar”

En lugar de instar a Estados Unidos a proteger a refugiados del Triángulo Norte, Bullock y Morales no abordaron las controversiales políticas migratorias de EE.UU. sobre separación de familias, estatus de protección temporal o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia [DACA]. Bullock abordó de manera más amplia la importancia de Estados Unidos, no obstante imperfecta, en la salvaguarda de los derechos humanos.

“Significa mucho para el mundo cuando Estados Unidos dice que los derechos humanos son importantes”, dijo Bullock. Hay una palanca, entonces, para organizaciones como la nuestra para abogar”.

“Pero cuando Estados Unidos renuncia a su papel de liderazgo, hay menos presión para promover esos cambios”, dijo él. Advirtió de un resurgimiento del autoritarismo a través del planeta e “incluso en nuestro propio país”, que envalentona a los violadores de los derechos humanos. Sirva de ejemplo: “En Nicaragua, el régimen ha matado a más de 400 personas que protestaban en los últimos meses y expulsaron del país al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sin importarles ninguna repercusión [internacional]”, afirmó.

Bullock también impugnó la caracterización que hizo el presidente Donald Trump de El Salvador y otras naciones en desarrollo como “agujeros de mierda”, diciendo que el Presidente ignora las políticas de EE.UU. que han configurado a esos países para lo peor a lo largo de los años. Por ejemplo, las balas usadas por los soldados del gobierno en la masacre de El Mozote se fabricaron en una planta de municiones de Independence, Misurí, dijo Bullock.

“No podemos vernos al margen de las condiciones que existen allí”, afirmó.

Un panel de tres activistas religiosos de San Luis que participaron en el simposio relacionaron la obra de Cristosal en América Central a sus propias  misiones. “La fe es personal, pero no privada —la fe tiene que ser pública”, dijo el Rdo. Travis Winckler, pastor de la segunda Iglesia Presbiteriana. Su congregación, dijo Winckler, está intentando hacer realidad esas palabras salvando el abismo entre un barrio predominantemente afroamericano que queda justo al norte [y] que ha experimentado “el residuo histórico del racismo” y un barrio más próspero e integrado que está al lado.

Para la Rda. Dietra Wise-Baker, que estuvo activa en las protestas en Ferguson, Misurí, luego de la muerte a tiros por la policía de Michael Brown, el “puño de hierro” que blandiera el ejército y la policía salvadoreña “suenan como la misma historia, la misma cantinela, que tuvo lugar aquí, con la policía en atuendo antimotines”.

“¿Cómo entenderán que están a nuestro servicio?”, dijo Wise-Baker. “Hay mucho en común entre nuestro pueblo y el pueblo de El Salvador”. Ella añadió que anteriormente no había visto la opresión de los afroamericanos a través de una lente de derechos humanos.

Wise-Baker, organizadora comunitaria con una agrupación llamada Congregaciones Metropolitanas Unidas, está de acuerdo con Cristosal en lo que respecta al uso del sistema judicial. En agosto, su agrupación presentó en un tribunal federal una demanda legal contra un distrito escolar local —junto con agencias educativas de Misurí— por supuestamente brindarles educación de calidad inferior a niños indigentes, en violación de estatutos federales. “Esta es una manera de intentar que el estado asuma su responsabilidad”, dijo ella.

Los panelistas también comentaron sobre las falsas caracterizaciones o narrativas repetidas sobre las personas privadas de derechos humanos, tales como el concepto erróneo de que los inmigrantes indocumentados que entran por la frontera sur son en su mayoría buscadores de empleo o, como Trump ha dicho, “delincuentes y violadores”.

“En verdad no me gustaría  repetir lo que se dice contra nosotros”, dijo la majarat Rori Picker Neiss, directora ejecutiva del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de San Luis.

Neiss dijo que una narrativa falsa  sostenía el criterio común de que los posibles inmigrantes  debían venir aquí legalmente como los recién llegados de generaciones anteriores.

“Tenemos historias de judíos que entraron ilegalmente en el país”, dijo ella. “En mi infancia, muchos de los relatos que oímos eran de personas que heroicamente falsificaron documentos, robaron documentos, y todo lo que necesitaron hacer para sobrevivir”.

– Robert Lowes, periodista independiente y poeta, es miembro de la iglesia episcopal de la Santa Comunión [Holy Communion] en University City, Misurí, un suburbio de San Luis. Traducción de Vicente Echerri.

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